El concejo y las ordenanzas históricas de La Alberca
Las ordenanzas de La Alberca constituyen una fuente excepcional para conocer cómo se organizaba esta comunidad a finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna.
Su contenido va mucho más allá de una relación de prohibiciones.
Regulaban el uso de los montes, la distribución del agua, los asentamientos de colmenas, la protección de los castañares, el comercio de alimentos, las obligaciones de los vecinos y el funcionamiento de las autoridades locales.
También permiten conocer conflictos que preocupaban al concejo: los incendios, los daños del ganado, las disputas por los recursos y las dificultades para mantener el abastecimiento.
El texto conservado ofrece una visión especialmente detallada de las relaciones entre La Alberca y los territorios históricamente vinculados a su jurisdicción.
Sin embargo, estas normas deben interpretarse con precaución.
Una ordenanza demuestra que existía una regulación, pero no necesariamente que se cumpliera siempre.
Para conocer su aplicación efectiva debemos contrastarla con pleitos, acuerdos municipales y otros documentos.
1. Un documento proclamado en 1515
El 17 de septiembre de 1515 se proclamaron públicamente las ordenanzas de La Alberca ante los vecinos reunidos bajo el pórtico de la iglesia.
La fecha y las circunstancias de la proclamación aparecen en la edición publicada por Gabrielle Berrogain en 1930.
El documento no fue redactado íntegramente aquel día.
El acta indica que se reunían ordenanzas establecidas desde antiguo y otras incorporadas en tiempos más recientes.
Por tanto, 1515 es una fecha de proclamación documentada, no necesariamente la fecha de creación de todas las disposiciones.
La copia de 1668
La versión que conocemos procede de una copia realizada en 1668.
Según la introducción de Berrogain, el comienzo del texto anterior se encontraba deteriorado y resultaba difícil de leer.
La copia se realizó tomando como referencia el original que se conservaba en el archivo del concejo, situado en la iglesia parroquial.
Esto introduce tres momentos documentales diferentes:
- La elaboración de normas en fechas diversas.
- Su proclamación pública en 1515.
- La copia conservada de 1668.
La edición impresa apareció en 1930.
No debemos confundir estos cuatro momentos.
Un registro documental más amplio
Berrogain describe un registro de 273 hojas que contenía no solo ordenanzas, sino también provisiones, peticiones, privilegios y otras disposiciones.
La cubierta llevaba referencias a los años 1568 y 1616.
Por tanto, el documento publicado forma parte de una tradición normativa más extensa.
La identificación y localización actual del registro original y de sus copias sigue siendo una cuestión importante para la investigación.
Fuente: Berrogain, 1930, pp. 381–383.
2. La Alberca, Granadilla y la autoridad del concejo
El encabezamiento de la copia de 1668 identifica a La Alberca y su suso-campana dentro de la jurisdicción de la villa de Granada, nombre histórico de Granadilla.
La Alberca formaba parte de un sistema territorial en el que coexistían autoridades locales, dependencias jurisdiccionales y derechos señoriales.
Gabrielle Berrogain relaciona esta organización con el señorío del duque de Alba.
Autoridades que aparecen en las ordenanzas
El texto menciona repetidamente:
- Alcaldes.
- Regidores.
- Jurados.
- Procuradores.
- Escribanos.
- Mayordomos del concejo.
- Guardas.
- Fieles.
- Arrendadores de determinadas rentas o sanciones.
Estos cargos no desempeñaban todos la misma función.
Los alcaldes y regidores intervenían en la administración y ejecución de disposiciones.
Los jurados aparecen relacionados con la recepción de denuncias y determinadas actuaciones concejiles.
Los escribanos registraban acuerdos y derechos.
Los fieles participaban en controles sobre pesos, medidas y abastecimiento.
Los arrendadores podían recibir cantidades previstas en las sanciones.
Una autoridad sometida también a reglas
Las ordenanzas no sancionaban únicamente a los vecinos.
La ordenanza XVIII, dedicada a los asentamientos de colmenas, establecía una pena de 500 maravedíes para los alcaldes o regidores que concedieran licencias contrarias a las distancias protegidas.
Además, esas autorizaciones quedaban sin efecto y los oficiales podían responder por los daños ocasionados.
Este detalle muestra que las normas también pretendían limitar determinadas decisiones de las propias autoridades.
Fuente: ordenanza XVIII, pp. 390–391.
3. Las colmenas: un recurso fundamental
La apicultura ocupa un espacio considerable en las ordenanzas.
No aparece como una actividad marginal.
El concejo regulaba los lugares donde podían instalarse las colmenas, las distancias entre asentamientos y las condiciones necesarias para conservar determinados derechos.
Sustituir distancias imprecisas por medidas definidas
La ordenanza XII explica que antiguamente se utilizaban referencias como el alcance de un tiro de ballesta o de piedra para establecer separaciones entre colmenares.
El propio texto reconoce que estas medidas provocaban diferencias entre los vecinos por su imprecisión.
Para reducir los conflictos se establecieron distancias expresadas en estadales.
La norma indicaba que el marco de medida estaba señalado en la pared y un pilar de la casa del concejo.
Se trata de un detalle muy significativo: la comunidad disponía de una referencia material para comprobar las distancias.
Corrales y asentamientos
Las ordenanzas XII a XVIII distinguen diferentes formas de establecimiento apícola.
Entre otras reglas, aparecen:
- Una separación de 160 estadales para determinados corrales cerrados.
- Distancias mayores para ciertos asentamientos exteriores.
- La obligación de construir progresivamente los muros de los corrales.
- Requisitos mínimos de ocupación para determinados postueros.
- La inscripción de los asentamientos ante las autoridades.
No todas las distancias se aplicaban a las mismas situaciones.
Por ello, no sería correcto resumir el sistema diciendo que todos los colmenares debían separarse una distancia única.
El registro de los postueros
La ordenanza XVI establecía un periodo para señalar nuevos asentamientos entre San Juan de junio y San Miguel de septiembre.
También exigía comunicar la elección a los alcaldes y regidores en un plazo de tres días para que quedara registrada ante escribano.
El incumplimiento podía ocasionar la pérdida del derecho al asentamiento y una multa.
El texto revela un sistema de control administrativo sobre la ocupación de determinados espacios.
Protección frente a otras actividades
La ordenanza XVIII impedía construir casas, corrales o majadas demasiado cerca de los colmenares protegidos.
También limitaba nuevas roturaciones, quemas y siembras dentro de esos espacios.
Las normas trataban de evitar interferencias entre apicultura, ganadería y agricultura.
No se trataba únicamente de proteger las abejas: también se protegían derechos económicos sobre determinados lugares.
Fuentes: ordenanzas XII–XVIII, pp. 387–391.
4. Los incendios y la protección de los aprovechamientos
La ordenanza XIX prohibía provocar fuegos en los montes y tierras de la suso-campana donde se encontraban colmenas.
La sanción general indicada era de 1.000 maravedíes, además de la obligación de responder por determinados daños.
El texto relaciona expresamente los incendios con la pérdida de vegetación necesaria para el mantenimiento de los colmenares.
Otra regulación sobre los fuegos
La ordenanza XC vuelve a tratar los incendios y establece reglas sobre la identificación de los responsables.
Contiene excepciones específicas para determinados supuestos, entre ellos pequeñas superficies quemadas y actividades relacionadas con la obtención de carbón en ciertos lugares.
Esto demuestra que la regulación no consistía en una prohibición absoluta de cualquier utilización del fuego.
Existían distinciones según la actividad y las circunstancias.
Qué podemos deducir
Las ordenanzas acreditan la preocupación del concejo por los daños que los incendios podían causar a los aprovechamientos.
No permiten calcular cuántos incendios ocurrieron ni qué superficie ardía anualmente.
Tampoco equivalen a una política ambiental moderna.
La finalidad inmediata estaba estrechamente relacionada con la protección de recursos y derechos de explotación.
Fuentes: ordenanzas XIX y XC, pp. 390–391 y 417.
5. Los castañares y el aprovechamiento compartido
Las ordenanzas XX a XXVIII regulan diferentes aspectos de los castañares.
Su contenido muestra que los árboles, los cultivos y el ganado podían utilizar un mismo espacio bajo condiciones específicas.
Prohibición de nuevas roturaciones
La ordenanza XX impedía abrir nuevas tierras de cultivo en determinadas dehesas sin autorización del concejo.
La licencia podía permitir aprovechar los frutos, pero no transmitía necesariamente la propiedad del terreno.
La distinción entre aprovechamiento y propiedad resulta esencial para comprender el régimen histórico de estos espacios.
El ganado porcino y las castañas
La ordenanza XXI regulaba el cerramiento de cultivos situados en la dehesa.
Cuando los castaños tenían fruto, los sembrados no podían impedir el paso de los cerdos del concejo bajo los árboles.
El texto establecía como referencia temporal el día de San Andrés.
Esta disposición muestra una organización estacional del aprovechamiento.
Protección frente a daños
La ordenanza XXIII sancionaba los daños causados por el ganado a los brotes de castaño.
Las disposiciones posteriores regulaban también la tala, el desmoche y otras intervenciones sobre los árboles.
La ordenanza XXVI fijaba una pena de 500 maravedíes por cortar o desmochar determinados castaños grandes del concejo, además de otras consecuencias económicas.
Vigilancia vecinal
La ordenanza XXV permitía que ciertos vecinos denunciaran daños causados por animales.
En determinadas circunstancias podían recibir derechos semejantes a los de las guardas.
El texto también contemplaba el valor de los juramentos y la apreciación del juez.
La vigilancia de los recursos no dependía exclusivamente de funcionarios especializados.
Fuentes: ordenanzas XX–XXVIII, pp. 391–394 y siguientes.
6. El agua como recurso administrado
El agua aparece en las ordenanzas tanto como recurso agrícola como elemento de uso público.
Reparto para lino y hortalizas
La ordenanza CXLI establecía que alcaldes y regidores eligieran cada año personas encargadas de repartir el agua destinada al riego del lino y las hortalizas.
La elección debía realizarse sin favoritismos.
La norma también sancionaba a quienes desviaran o tomaran el agua asignada a otros vecinos.
Es un testimonio concreto de la necesidad de organizar los turnos de riego.
La fuente de la plaza
La ordenanza CXI prohibía ensuciar la fuente de la plaza.
Incluía expresamente arrojar personas al agua durante los fuegos de Navidad y dar de beber a las caballerías en ella.
La pena general prevista para determinadas infracciones era de 100 maravedíes, con otras cantidades para los arrendadores.
En algunos supuestos, las sanciones aumentaban durante la noche.
Un detalle de la vida cotidiana
La mención a los jóvenes arrojados a la fuente durante las celebraciones navideñas es particularmente interesante.
No demuestra por sí sola la frecuencia de la práctica, pero sí que el concejo consideró necesario regularla expresamente.
Es una pista documental para investigar las costumbres festivas antiguas de La Alberca.
Su estudio cultural detallado corresponde a la sección de Cultura y tradiciones.
Fuentes: ordenanzas CXI y CXLI, pp. 423 y 432–433.
7. El abastecimiento y los oficios
Las ordenanzas permiten conocer mecanismos de intervención concejil sobre actividades económicas concretas.
Los carniceros
La ordenanza CXXXVI establecía obligaciones de suministro de carne para los vecinos.
También mencionaba a los monasterios de Nuestra Señora de la Peña de Francia y de Gracia.
La norma contemplaba el abastecimiento en determinados días y sanciones por incumplimiento.
Este detalle permite estudiar las relaciones económicas entre La Alberca y las instituciones religiosas de su entorno.
El toro de San Juan
La ordenanza CXXXVII obligaba al carnicero o carniceros encargados de la carnicería a proporcionar un toro al concejo el día de San Juan.
El texto preveía que se corriera y que posteriormente fuera consumido según lo acordado cada año.
No debe confundirse automáticamente esta disposición con la forma actual de ninguna celebración.
La continuidad de una práctica necesita documentación propia.
Los pescados
Las ordenanzas CXXXVIII a CXL establecían precios y condiciones de venta para truchas y otros peces.
Las cantidades podían variar según el peso y la época del año.
También se regulaba la venta de pescado preparado y el lugar donde podían realizarse determinadas operaciones comerciales.
Estas disposiciones muestran que el concejo intervenía sobre precios, medidas y espacios de venta.
Los molineros
El texto también regula el pesaje del grano y de la harina.
Los molineros debían pasar por el peso establecido por el concejo y responder por determinadas diferencias o deficiencias.
La finalidad era controlar la cantidad y calidad del producto entregado a sus propietarios.
Fuentes: ordenanzas CXXXVI–CXL y disposiciones sobre molineros, edición de Berrogain.
8. La convivencia y las sanciones
Las ordenanzas contienen numerosas disposiciones sobre la conducta pública.
Regulaban el cumplimiento de festividades religiosas, las actividades comerciales durante determinados días, los conflictos entre vecinos y las expresiones consideradas ofensivas.
Fiestas y trabajo
La primera ordenanza establecía restricciones al trabajo y a ciertos desplazamientos durante festividades religiosas.
Sin embargo, también recogía excepciones para necesidades domésticas, desplazamientos vinculados a bodas y romerías y determinadas obligaciones de los pastores.
Esto muestra que la norma combinaba prescripciones religiosas con necesidades prácticas.
Tabernas y celebraciones
Las ordenanzas III y IV regulaban la actividad de las tabernas durante las celebraciones religiosas.
Se sancionaba, entre otras conductas, comer o beber en determinados momentos anteriores o simultáneos a la misa.
Sanciones en vino
Varias disposiciones establecían multas expresadas en cántaras de vino.
No todas las sanciones se abonaban en moneda.
El vino podía funcionar como una prestación destinada al concejo.
Castigos públicos
La ordenanza VI contemplaba sanciones especialmente severas para determinadas blasfemias.
Incluía prisión y una exposición pública con elementos de escarnio.
Estas disposiciones deben interpretarse dentro del ordenamiento jurídico y religioso de su época.
Su presencia en el texto no demuestra que se aplicaran regularmente.
Para conocer casos reales sería necesario localizar documentación judicial.
Fuentes: ordenanzas I–X, pp. 383–387.
9. Las casas del concejo y los espacios públicos
La ordenanza CX regulaba la limpieza de las casas del concejo después de bodas, reuniones de cofradías y otras actividades.
Las personas responsables de los actos debían dejar limpios los espacios utilizados.
La norma muestra que las dependencias concejiles podían acoger funciones que hoy consideraríamos sociales o comunitarias.
La plaza
La ordenanza CXIII se refería a los residuos derivados del sacrificio de animales en la plaza.
Obligaba a retirar determinados restos para mantener limpios la plaza, las calles principales y el entorno del cementerio.
Esta disposición permite conocer usos históricos del espacio público.
Pero no debe utilizarse como descripción directa de la configuración arquitectónica actual de la plaza.
La evolución de su forma y sus edificios pertenece a la sección Conjunto histórico.
Fuentes: ordenanzas CX y CXIII, pp. 423–424.
10. Las Hurdes y Las Batuecas en el ámbito de las ordenanzas
El título de la edición de Berrogain menciona expresamente Las Hurdes y Las Batuecas.
La introducción explica que determinadas dehesas y recursos de estos territorios estaban vinculados al concejo albercano.
Se mencionan aprovechamientos de colmenas, corcho, pastos, cabras y olivos.
La donación de 1291
Berrogain señala que el registro contenía una donación de Las Hurdes y Las Batuecas realizada por el concejo de Granadilla al de La Alberca.
La fecha indicada corresponde al 8 de enero de la era de 1327, que la editora convierte al año 1291.
Esta referencia es importante, pero no debe interpretarse sin examinar el documento transmitido.
Una donación medieval podía referirse a derechos y aprovechamientos concretos, y su alcance jurídico necesita estudiarse.
Derechos y conflictos
Las ordenanzas protegían determinados recursos utilizados por vecinos de La Alberca en territorios situados al sur de la montaña.
Al mismo tiempo, esas disposiciones podían afectar a los habitantes de las comunidades hurdanas.
Por ello, no basta con describirlas como un sistema de administración compartida y beneficiosa.
Tampoco sería riguroso deducir de su sola existencia cómo se resolvieron todos los conflictos.
Los pleitos posteriores y los testimonios de las comunidades implicadas son indispensables para estudiar su aplicación.
Dónde continúa la investigación
La relación histórica entre La Alberca y Las Hurdes tendrá su propia investigación dentro de Historia.
Allí se estudiarán los derechos jurisdiccionales, los pleitos, las reclamaciones y las transformaciones posteriores.
La historia específica del valle de Las Batuecas corresponde a su monografía territorial.
Fuente: Berrogain, 1930, introducción, pp. 381–383.
11. Qué nos permiten conocer las ordenanzas
El texto ofrece información sobre distintos aspectos de la organización albercana.
| Ámbito | Información documentada |
|---|---|
| Gobierno | Oficiales concejiles y competencias |
| Justicia | Sanciones y procedimientos de ejecución |
| Apicultura | Asentamientos, distancias y registros |
| Montes | Prohibiciones de daños y aprovechamientos |
| Castañares | Reglas estacionales y protección de árboles |
| Ganadería | Accesos, restricciones y sanciones |
| Agua | Reparto de riegos y limpieza de fuentes |
| Comercio | Abastecimiento, precios y controles |
| Vida social | Fiestas, tabernas y uso de espacios comunes |
| Territorio | Derechos vinculados a Las Hurdes y Las Batuecas |
La importancia de las ordenanzas reside en que permiten reconstruir cómo se pretendía organizar la vida comunitaria.
Para conocer la práctica cotidiana necesitamos además otras fuentes.
12. Límites de la investigación
Una copia posterior
La versión publicada procede de una copia de 1668, no del documento original proclamado en 1515.
Esto obliga a considerar posibles errores de transcripción y modificaciones documentales.
Normas de distintas épocas
El texto reúne disposiciones anteriores a 1515 y otras incorporadas en distintos momentos.
No todas pueden atribuirse automáticamente al mismo año.
Normativa y realidad
Una prohibición no demuestra que una conducta fuera frecuente.
Una sanción prevista no demuestra que se aplicara.
Una competencia reclamada no demuestra que todas las autoridades reconocieran su alcance.
Terminología histórica
Palabras como suso-campana, postuero, estadal o arrendador deben interpretarse dentro del contexto documental.
No siempre equivalen exactamente a sus significados actuales.
Derechos territoriales
Las relaciones históricas con Las Hurdes y Las Batuecas no deben confundirse con los límites municipales contemporáneos.
13. Investigaciones pendientes
El registro original
Localizar y describir el registro histórico utilizado por Berrogain, sus copias y su estado de conservación.
Las diferentes redacciones
Comparar las disposiciones relacionadas con 1515, 1568, 1616 y 1668.
Los libros de acuerdos
Investigar si se conservan acuerdos municipales que documenten la aplicación de las ordenanzas.
Los pleitos
Contrastar las normas con expedientes de la Real Chancillería de Valladolid y otras instituciones judiciales.
Los espacios mencionados
Identificar mediante cartografía histórica los lugares citados en las disposiciones sobre colmenares, castañares, fuentes y dehesas.
Las medidas antiguas
Estudiar las unidades utilizadas y las referencias materiales que servían para comprobarlas, evitando conversiones modernas sin fundamento.
Las personas
Reconstruir, cuando existan fuentes suficientes, quiénes desempeñaban los cargos concejiles y cómo participaban distintos grupos de vecinos.
Fuentes
Fuente documental principal
Berrogain, Gabrielle (1930).
«Ordenanzas de La Alberca y sus términos Las Hurdes y Las Batuecas».
Anuario de Historia del Derecho Español, tomo VII, pp. 381–441.
Edición documental basada en una copia de 1668 de las ordenanzas proclamadas en 1515.
Consultar la edición completa en el BOE.
Consultar el texto digitalizado.
Estudios complementarios
Corral García, Esteban.
«Algunas manifestaciones de la potestad normativa de los concejos medievales».
Estudio sobre la capacidad normativa concejil que incluye referencias específicas a las ordenanzas albercanas.
Puerto, José Luis (ed., 2015).
Ordenanzas de La Alberca y sus términos Las Hurdes y Las Batuecas (1515).
Edición publicada por la Diputación de Salamanca con motivo del quinto centenario de la proclamación.
Esta publicación constituye una referencia bibliográfica complementaria. No se utiliza aquí para atribuir disposiciones que no hayan sido comprobadas en el texto de Berrogain.
Una comunidad organizada mediante normas propias
Las ordenanzas permiten descubrir una dimensión de La Alberca que no se aprecia únicamente recorriendo sus calles.
Detrás de sus actividades tradicionales existía una organización jurídica que regulaba derechos, obligaciones, aprovechamientos y conflictos.
Los castañares, las colmenas, el agua y los caminos no eran recursos utilizados sin reglas.
El concejo intervenía en su administración y establecía mecanismos para defender determinados intereses.
Aquellas disposiciones reflejan también las desigualdades, las restricciones y las relaciones de poder propias de su época.
Conocer las ordenanzas no significa idealizar el pasado, sino comprender cómo se organizaba La Alberca y cómo esa organización afectaba a sus habitantes y a los territorios relacionados con ella.