Cuando servir al concejo acababa en los tribunales

En torno a 1756, Agustín de Puerto y otros vecinos de La Alberca se enfrentaron judicialmente a su propio concejo. Querían quedar libres de desempeñar la mayordomía municipal. Para comprender aquel conflicto hay que retroceder más de dos siglos, hasta las ordenanzas que regulaban la vida albercana y las responsabilidades de quienes administraban sus recursos.

Un cargo del que algunos querían librarse

En algún momento de la segunda mitad de la década de 1750, un desacuerdo entre vecinos de La Alberca terminó convertido en un pleito.

Los demandantes eran Agustín de Puerto y otros vecinos.

En la parte contraria figuraban el concejo de La Alberca y otros particulares.

El asunto llegó a la Real Chancillería de Valladolid, uno de los grandes tribunales de la Corona de Castilla.

La cuestión que debía resolverse parece sencilla cuando se lee en la descripción del expediente: determinar si los demandantes tenían derecho a quedar libres de la mayordomía del concejo.

Pero aquella pregunta escondía un problema más profundo.

¿Podía una comunidad obligar a sus vecinos a desempeñar determinados oficios públicos?

¿En qué circunstancias podía alguien negarse?

¿Quién decidía si una exención estaba justificada?

Y ¿qué ocurría cuando los intereses de algunos habitantes entraban en conflicto con las necesidades del gobierno local?

No conocemos todavía las respuestas que dieron los litigantes.

Tampoco sabemos cómo terminó el procedimiento.

Sin embargo, la historia de La Alberca conserva documentos anteriores que permiten comprender por qué aquella discusión era importante.

El primero nos lleva a 1515.

1515: las reglas de una comunidad

El 17 de septiembre de 1515, los habitantes de La Alberca se reunieron bajo el pórtico de la iglesia para la proclamación de sus ordenanzas.

El documento no surgía necesariamente de cero.

Su propio texto aludía a normas que el concejo había establecido desde tiempo atrás, junto con otras más recientes.

Las ordenanzas regulaban numerosos aspectos de la vida comunitaria: el aprovechamiento del territorio, los cultivos, los ganados, los recursos naturales, las obligaciones vecinales y la actuación de los oficiales.

Su ámbito se extendía a La Alberca y a los territorios que entonces formaban parte de su dependencia jurisdiccional, en un contexto histórico vinculado a Las Hurdes y Las Batuecas.

La Alberca pertenecía al señorío de Granadilla, integrado en los dominios de la Casa de Alba.

No era una villa independiente en el sentido jurídico de la época, aunque disponía de una organización concejil propia y de normas para gobernar sus asuntos.

Las ordenanzas han llegado hasta nosotros gracias a una copia realizada en 1668.

La historiadora Gabrielle Berrogain las publicó en 1930 en el Anuario de Historia del Derecho Español.

Ese trabajo convirtió un documento local en una fuente accesible para estudiar las instituciones y la vida cotidiana de La Alberca.

Y entre sus disposiciones encontramos algo directamente relacionado con nuestra historia: la responsabilidad económica de los oficiales concejiles.

Responder con los propios bienes

Las ordenanzas muestran que la administración del concejo no era una actividad exenta de consecuencias personales.

La ordenanza XLIV regulaba la obligación de determinados oficiales de exigir las cuentas y pagos correspondientes a los recaudadores.

Si su incumplimiento ocasionaba perjuicios o gastos al concejo, podían tener que responder por ellos.

La ordenanza XLV establecía cautelas sobre las personas a quienes se confiaba la recaudación.

Los oficiales debían procurar que ofrecieran garantías suficientes.

Si desatendían esa obligación y se producían pérdidas, podía exigírseles responsabilidad patrimonial.

Estas disposiciones revelan una característica fundamental del gobierno local de la época.

Administrar recursos comunitarios no consistía únicamente en ejercer autoridad.

También implicaba obligaciones susceptibles de ser fiscalizadas.

Y, en determinadas circunstancias, los errores o incumplimientos podían afectar al patrimonio personal de quienes desempeñaban los cargos.

Conviene introducir aquí una distinción.

Las ordenanzas XLIV y XLV regulaban responsabilidades de oficiales concejiles, pero no prueban por sí solas que Agustín de Puerto estuviera sometido exactamente a esas disposiciones ni que el temor a perder sus bienes motivara su pleito.

Eso continúa sin documentarse.

Lo que sí demuestran es que la responsabilidad económica personal formaba parte del marco jurídico histórico del concejo albercano.

Por tanto, un oficio municipal podía tener consecuencias que iban mucho más allá de su denominación.

Los mayordomos aparecen en las ordenanzas

Otra disposición permite acercarnos directamente al cargo discutido en el siglo XVIII.

La ordenanza CXIV menciona expresamente a los mayordomos del concejo entre los oficiales que podían intervenir en actuaciones relacionadas con prendas.

Las prendas eran bienes que podían quedar afectados a determinados procedimientos de cobro o ejecución de obligaciones.

La ordenanza establecía condiciones para esas actuaciones.

Este dato importa porque demuestra que la figura del mayordomo estaba integrada en la estructura normativa de La Alberca.

No era un oficio del que únicamente tengamos noticias por comparaciones con otros pueblos castellanos.

Aparece en sus propias ordenanzas.

Y lo hace relacionado con actuaciones de contenido económico.

La combinación de estas disposiciones permite comprender mejor el ambiente institucional en el que se desarrollaría, mucho después, el pleito de Agustín de Puerto.

El concejo necesitaba personas que administrasen y ejecutasen determinadas obligaciones.

Sus oficiales estaban sometidos a reglas.

Y algunas de esas reglas podían comprometer su responsabilidad personal.

Pero todavía nos falta conocer qué normas concretas se invocaron en el proceso de 1756–1760.

Las ordenanzas de 1515 ofrecen un antecedente histórico, no una prueba automática de su aplicación íntegra dos siglos y medio después.

1528: las cuentas de La Alberca bajo examen

Trece años después de la proclamación de las ordenanzas encontramos otro testimonio especialmente significativo.

En julio de 1528, un oficial del señorío, el licenciado Armendáriz, examinó las cuentas del concejo de La Alberca correspondientes a 1526 y 1527.

La documentación señala que encontró los gastos excesivos.

La noticia se conserva mediante una referencia al Archivo Ducal de Alba, recogida en un estudio sobre la administración de los estados señoriales.

El documento citado está fechado el 20 de julio de 1528.

No conocemos, a partir de esa referencia, el detalle de los gastos cuestionados.

Tampoco sabemos qué consecuencias tuvo el examen para los responsables municipales.

Pero el hecho resulta importante.

Demuestra que las cuentas del concejo albercano podían ser revisadas por autoridades externas.

La comunidad disponía de sus propios oficiales, pero actuaba dentro de una organización señorial más amplia.

La administración económica local no quedaba necesariamente cerrada sobre sí misma.

Podía ser inspeccionada.

Y sus gastos, cuestionados.

Este antecedente ayuda a comprender el peso de las responsabilidades concejiles.

Los recursos del pueblo no eran únicamente una cuestión de confianza entre vecinos.

También podían convertirse en materia de control institucional.

1625: un nombre propio, Francisco Pies

Más de un siglo después de la proclamación de las ordenanzas, otro documento permite conocer la organización del concejo con bastante precisión.

Se trata de un protocolo notarial del escribano Alejandro Martín, estudiado por José Luis Puerto.

Recoge las elecciones de oficiales de La Alberca para el año 1625.

La relación es extraordinariamente amplia.

Incluye alcaldes, regidores, procurador, mayordomo del concejo, sesmero, alhondiguero y otros muchos cargos.

También aparecen mayordomías relacionadas con la iglesia, cofradías y devociones religiosas.

Es importante no confundirlas.

La mayordomía del concejo era una responsabilidad vinculada al gobierno local.

Las mayordomías religiosas tenían otros ámbitos de actuación.

Aunque compartieran nombre, no eran necesariamente el mismo oficio.

En 1625, el mayordomo del concejo era Francisco Pies.

El documento lo identifica además como familiar del Santo Oficio.

No sabemos qué actividades económicas desempeñaba ni cómo había sido elegido concretamente.

Pero conocemos su nombre y su responsabilidad.

José Luis Puerto explica que el mayordomo debía rendir cuentas anualmente.

Esta obligación constituye una pieza fundamental de nuestra investigación.

La mayordomía no era un título meramente honorífico.

Quien la ejercía tenía que responder de su administración.

Una comunidad que repartía oficios

El documento de 1625 también permite observar la amplitud de las tareas necesarias para gobernar La Alberca.

Había que administrar bienes y recursos.

Atender obligaciones fiscales.

Organizar determinados aprovechamientos.

Velar por el cumplimiento de las normas.

Gestionar asuntos relacionados con la vida religiosa y comunitaria.

No todas esas funciones recaían sobre las mismas personas.

El concejo distribuía responsabilidades entre numerosos oficiales.

Los cargos documentados para 1625 se elegían para ese año.

La renovación anual obligaba a organizar periódicamente el funcionamiento institucional.

No sabemos si todos los oficios se cubrían mediante el mismo procedimiento.

Tampoco podemos afirmar que cualquier vecino pudiera ser designado indistintamente.

Las condiciones de acceso, las costumbres y las posibles exenciones requerirían un estudio específico.

Pero el documento demuestra que el gobierno de La Alberca dependía de una red de personas concretas.

No de una administración profesional semejante a la actual.

En ese contexto, el desempeño de un oficio podía ser una cuestión que afectara directamente a la vida y a los recursos de un vecino.

Y la posibilidad de quedar exento podía tener consecuencias para el reparto de responsabilidades dentro de la comunidad.

¿Era una obligación aceptar el cargo?

Esta es una de las preguntas centrales.

En numerosos concejos del Antiguo Régimen, determinados oficios municipales podían imponerse conforme a normas o costumbres locales.

Pero la existencia de una obligación no significaba que no hubiera excepciones.

Los conflictos sobre nombramientos y exenciones aparecen documentados en la historia judicial castellana.

En ocasiones se discutían incompatibilidades.

En otras, circunstancias personales o requisitos para desempeñar el cargo.

Sin embargo, no sabemos qué alegaron Agustín de Puerto y sus compañeros.

La descripción del expediente indica que pretendían quedar libres de la mayordomía.

No explica por qué.

Sería tentador imaginar que consideraban el cargo demasiado costoso.

O que ya lo habían desempeñado anteriormente.

O que discutían la legalidad de su elección.

O que alegaban una condición personal que los eximía.

Pero ninguna de esas explicaciones está acreditada para este caso.

La investigación debe mantener abierta la pregunta.

El conflicto pudo tener un fundamento jurídico muy concreto que solo conoceremos al leer las actuaciones.

El pleito de Agustín de Puerto

Llegamos así a mediados del siglo XVIII.

La Real Chancillería de Valladolid conserva un expediente descrito bajo el título:

Pleito de Agustín de Puerto y otros consortes, vecinos de La Alberca (Salamanca), con el concejo de dicha villa y otros vecinos particulares, sobre si se les ha de libertar o no de la mayordomía del concejo.

Las fechas de formación aparecen como probables: 1756–1760.

El título identifica las partes principales y el objeto de la controversia.

Pero no nos permite reconstruir el procedimiento completo.

No sabemos cuándo surgió exactamente el desacuerdo.

Ni qué decisión concejil lo originó.

Ni quiénes eran todos los vecinos implicados.

Tampoco conocemos las pruebas presentadas o la resolución definitiva.

La presencia de otros vecinos particulares junto al concejo resulta especialmente interesante.

Sugiere que el conflicto no se limitaba necesariamente a una oposición entre una persona y una autoridad.

Había más habitantes implicados en el litigio.

Pero desconocemos sus intereses y argumentos.

No sería correcto convertir esa circunstancia en una supuesta división política del pueblo.

Por ahora, solo podemos afirmar que varias personas participaron en las partes enfrentadas.

La justicia más allá de La Alberca

La Real Chancillería de Valladolid fue durante siglos uno de los principales tribunales de la Corona de Castilla.

En ella se tramitaron numerosos litigios civiles procedentes de diferentes territorios.

Sus fondos permiten conocer conflictos que apenas aparecen en otras fuentes.

La llegada del pleito de Agustín de Puerto a este tribunal demuestra que una controversia sobre responsabilidades municipales podía superar el ámbito local.

El concejo de La Alberca tenía sus propias normas y mecanismos de gobierno.

Pero sus decisiones no estaban necesariamente fuera del alcance de la justicia superior.

Los vecinos podían acudir a procedimientos judiciales para discutir determinadas obligaciones.

Eso no significa que el acceso a la justicia fuera sencillo o igual para todos.

Los pleitos podían implicar gastos, representación procesal y trámites prolongados.

No conocemos cuánto costó este proceso ni cómo se financió.

Tampoco sabemos si Agustín de Puerto viajó personalmente a Valladolid.

La intervención de representantes judiciales era habitual, pero su participación concreta deberá comprobarse en el expediente.

Lo importante es que el conflicto quedó documentado fuera de La Alberca.

Y gracias a ello conocemos su existencia.

El problema de repartir las responsabilidades

El episodio plantea una cuestión que atraviesa la historia de las comunidades locales.

Para funcionar, el concejo necesitaba oficiales.

Alguien debía administrar.

Alguien debía recaudar.

Alguien debía rendir cuentas.

Y alguien debía asumir las responsabilidades asociadas a esas tareas.

Pero las necesidades colectivas podían entrar en tensión con las circunstancias de determinados vecinos.

Si una persona pretendía quedar exenta, surgía una pregunta jurídica.

¿Tenía derecho a ello?

Y, si lo tenía, ¿cómo debía organizarse el reparto de los oficios?

No sabemos si esa segunda cuestión se planteó expresamente en el pleito albercano.

Pero forma parte del problema general que ayuda a comprenderlo.

Las ordenanzas de 1515 muestran la importancia de las responsabilidades económicas.

La revisión de cuentas de 1528 demuestra que la administración concejil estaba sometida a control.

Las elecciones de 1625 revelan una organización local extensa y una mayordomía con obligación de rendir cuentas.

Y el expediente de mediados del siglo XVIII documenta que algunos vecinos discutieron judicialmente su obligación de ejercer ese oficio.

Son testimonios separados por décadas y siglos.

No constituyen una cadena documental continua.

Pero, considerados conjuntamente, permiten comprender una tradición institucional de la que el pleito formó parte.

¿Quién ganó?

Todavía no lo sabemos.

Y esta es la principal laguna que queda por resolver.

La ficha del Archivo de la Real Chancillería identifica el expediente, pero no publica una transcripción de las alegaciones ni de la resolución.

Por tanto, no podemos afirmar que Agustín de Puerto obtuviera la exención.

Tampoco que el concejo lograra imponer la mayordomía.

Ni siquiera sabemos si el procedimiento terminó mediante una sentencia definitiva.

Para responder necesitamos consultar el documento original.

La referencia archivística es precisa:

PL CIVILES, ALONSO RODRÍGUEZ (OLV), CAJA 827,9.

El expediente pertenece a los fondos de las Salas de lo Civil de la Real Chancillería de Valladolid.

Su descripción está disponible en PARES.

La consulta permitiría buscar las piezas que faltan:

Los nombres de los demás litigantes.

La designación que originó el conflicto.

Las normas invocadas.

Los argumentos de ambas partes.

Y, si se conserva, la resolución judicial.

También sería especialmente interesante comprobar si las actuaciones mencionan las ordenanzas albercanas o alguna costumbre local sobre la distribución de oficios.

Ese hallazgo permitiría conectar directamente el pleito con el derecho municipal del pueblo.

Cuando la historia aparece en un desacuerdo

No todas las historias importantes comienzan con una guerra o una catástrofe.

Algunas empiezan con una obligación.

Un nombramiento.

Una cuenta que debe rendirse.

Una decisión del concejo.

Y unos vecinos que consideran que no les corresponde cumplirla.

El pleito de Agustín de Puerto nos acerca a una dimensión menos visible de la historia de La Alberca.

La de sus instituciones cotidianas.

La de quienes administraban los recursos comunes.

La de las normas que regulaban sus responsabilidades.

Y la de los conflictos que podían surgir dentro de una comunidad.

Las ordenanzas de 1515 muestran que los oficiales estaban sometidos a obligaciones concretas.

El examen de cuentas de 1528 revela que la gestión económica podía ser cuestionada por autoridades superiores.

El documento de 1625 pone nombre a un mayordomo y confirma su obligación de rendir cuentas.

Y el expediente judicial de mediados del XVIII demuestra que desempeñar aquel cargo no siempre era una cuestión pacífica.

Todavía desconocemos las razones de Agustín de Puerto.

No sabemos qué dijeron sus adversarios.

Ni cómo terminó el pleito.

Pero ya podemos comprender mejor por qué una mayordomía podía acabar ante un tribunal.

Gobernar el pueblo significaba asumir responsabilidades. Y algunos vecinos estaban dispuestos a acudir a la justicia para discutir si aquellas responsabilidades les correspondían.

La historia conserva la pregunta.

La respuesta sigue dentro de un expediente que todavía debemos leer.


Fuentes y documentación

1. El expediente judicial

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

Pleito de Agustín de Puerto y otros consortes, vecinos de La Alberca (Salamanca), con el concejo de dicha villa y otros vecinos particulares, sobre si se les ha de libertar o no de la mayordomía del concejo.

Fechas probables: 1756–1760.

Signatura: PL CIVILES, ALONSO RODRÍGUEZ (OLV), CAJA 827,9.

Consultar la ficha del expediente en PARES

Se ha consultado la descripción archivística, no el contenido íntegro del expediente.

2. Las ordenanzas de 1515

Gabrielle Berrogain (1930).

Ordenanzas de La Alberca y sus términos Las Hurdes y Las Batuecas.

Anuario de Historia del Derecho Español, volumen VII, pp. 381–441.

Edición de las ordenanzas proclamadas en 1515, conservadas mediante una copia de 1668.

Especialmente relevantes para este artículo son las ordenanzas XLIV, XLV y CXIV, relativas a responsabilidades de oficiales, recaudación y actuaciones de los mayordomos.

Consultar la edición histórica de las ordenanzas

3. Las cuentas concejiles de 1526 y 1527

El gobierno y la administración de un Estado señorial: los estados del duque de Alba en la primera mitad del siglo XVI.

Estudio publicado en En la España Medieval, con referencias documentales al Archivo Ducal de Alba.

Cita una actuación de 20 de julio de 1528, relativa al examen de las cuentas del concejo de La Alberca correspondientes a 1526 y 1527.

Referencia archivística indicada: Archivo Ducal de Alba, C. 168-1, fol. 22v.

Consultar el estudio académico

La referencia se conoce a través del estudio publicado; no se ha consultado directamente el documento del Archivo Ducal de Alba.

4. La organización concejil de 1625

José Luis Puerto (2018).

La organización del concejo de La Alberca en 1625.

Programa de fiestas patronales de La Alberca, pp. 5–9.

Estudio basado en un protocolo notarial del escribano Alejandro Martín.

Identifica a Francisco Pies como mayordomo del concejo y documenta la rendición anual de cuentas.

Consultar el programa de fiestas de 2018

Documentación pendiente de consulta

  • Expediente completo de Agustín de Puerto.
  • Acuerdos municipales de elección de oficiales de mediados del siglo XVIII.
  • Libros de cuentas de los mayordomos.
  • Documentación sobre exenciones y reparto de cargos.
  • Posibles modificaciones de las ordenanzas entre 1515 y el siglo XVIII.
  • Resoluciones judiciales y documentación complementaria del procedimiento.

Estado de la investigación

Este artículo reconstruye el contexto institucional del pleito de Agustín de Puerto mediante fuentes históricas específicas de La Alberca.

Documentado:

  • La existencia y el objeto del pleito de mediados del siglo XVIII.
  • Las disposiciones de las ordenanzas de 1515 sobre responsabilidades económicas de oficiales y funciones de los mayordomos.
  • La revisión de cuentas concejiles de 1526–1527 documentada en 1528.
  • La existencia de una mayordomía concejil con obligación de rendir cuentas en 1625.

Pendiente de comprobar:

  • Las causas concretas de la solicitud de exención.
  • Los argumentos de cada parte.
  • Las normas efectivamente aplicadas al caso.
  • Los nombres de todos los litigantes.
  • El resultado del procedimiento.

Los documentos de 1515, 1528 y 1625 se utilizan como antecedentes institucionales, sin presumir que sus disposiciones se aplicaron de forma idéntica durante el pleito del siglo XVIII.

La investigación permanece abierta a la consulta del expediente judicial original.


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