1791: cuando La Alberca pidió al rey que escuchara su miseria
El 5 de junio de 1791, las autoridades y los vecinos de La Alberca se reunieron para tomar una decisión. El pueblo había sufrido enfermedades, hambre y muertes. Muchas casas habían quedado cerradas. Ahora necesitaba convencer a la Hacienda real de que no podía seguir pagando como antes.
Las casas que habían quedado cerradas
En 1791, La Alberca tenía un problema que ninguna ordenanza municipal podía resolver por sí sola.
Había perdido habitantes. Sus cosechas y actividades económicas habían disminuido. Durante años, las enfermedades habían castigado a la población. Algunas familias habían llegado a carecer de alimentos.
El testimonio más estremecedor aparece en un documento fechado el 5 de junio de aquel año.
Las autoridades explicaban que había casas cerradas por el número de personas fallecidas.
No conocemos sus direcciones. No sabemos cuántas eran ni quiénes habían vivido en ellas.
Pero la imagen que transmite el documento resulta difícil de olvidar.
Una casa cerrada puede significar muchas cosas. En aquel escrito, el concejo la utilizaba como testimonio de una pérdida humana.
La enfermedad no había afectado únicamente a la salud de los habitantes. Había alterado la población, el trabajo y la capacidad económica de la comunidad.
Y mientras La Alberca intentaba recuperarse, seguía teniendo obligaciones fiscales con la Corona.
Esa fue la razón de una reunión que hoy nos permite conocer uno de los episodios más duros de su historia.
5 de junio de 1791: una reunión en el Ayuntamiento
Aquel día se reunieron en la sala capitular del Ayuntamiento las autoridades municipales y dieciocho vecinos.
No conocemos la hora ni el desarrollo de las intervenciones. Tampoco podemos reconstruir conversaciones entre los asistentes.
Pero el documento notarial conserva nombres y decisiones.
Los alcaldes eran Manuel Maíllo de Juan y Antonio de los Hoyos y Huebla.
Los regidores, Juan de los Hoyos de Manuel y Manuel Calama de Pedro.
El procurador síndico general del común era Antonio González Pabón.
Junto a ellos aparecen otros miembros del consistorio y los dieciocho vecinos que participaron en el otorgamiento.
Aquella reunión tenía un propósito administrativo muy concreto: conceder poderes para negociar un nuevo encabezamiento de los tributos que debía satisfacer La Alberca.
Dicho de otra manera, el pueblo quería revisar la cantidad que tenía que pagar a la Hacienda real.
Pero para comprender la importancia de aquella decisión debemos mirar más allá del procedimiento fiscal.
¿Por qué necesitaba La Alberca pedir una reducción?
¿Qué había ocurrido durante los años anteriores?
Y, sobre todo, ¿cómo podía demostrar ante las autoridades que su situación era verdaderamente desesperada?
La respuesta quedó escrita en el propio documento.
Tres hombres para negociar en Plasencia
El concejo y los vecinos otorgaron poderes a tres representantes:
- Joseph de los Hoyos.
- Juan del Puerto.
- Juan Antonio Pies.
Su misión era tratar el nuevo encabezamiento fiscal con la administración competente.
La negociación debía realizarse en Plasencia.
Este detalle es importante para comprender la organización histórica de La Alberca.
Aunque hoy pertenece a la provincia de Salamanca y se encuentra integrada en Castilla y León, en 1791 sus obligaciones relativas a determinadas rentas reales estaban vinculadas administrativamente al partido fiscal de Plasencia.
Las divisiones y dependencias del Antiguo Régimen no coincidían necesariamente con las actuales.
El responsable con quien debían negociar era Francisco García Pascual Ambrón, administrador principal de las rentas de Plasencia y su partido.
Los tres representantes recibieron autorización para tratar el importe de las contribuciones.
No sabemos si viajaron juntos, cuándo se produjo la negociación ni cuál fue su resultado.
El documento estudiado acredita el otorgamiento del poder, no el desenlace de las gestiones.
Sin embargo, el hecho de que se eligieran representantes y se formalizara una autorización demuestra que la comunidad intentó actuar mediante los procedimientos institucionales disponibles.
La Alberca no se limitó a lamentar su situación.
Intentó modificar sus obligaciones económicas.
Los impuestos no desaparecían porque el pueblo enfermara
La petición afectaba a un conjunto de rentas y contribuciones de la monarquía.
Entre ellas se mencionaban las alcabalas, los cientos, los millones, el fiel medidor, los servicios ordinario y extraordinario y la cuota de aguardiente.
Para un lector actual, algunos de estos nombres resultan extraños.
Pero formaban parte de la compleja fiscalidad castellana del Antiguo Régimen.
Las alcabalas estaban relacionadas con operaciones de compraventa.
Los cientos constituían recargos asociados históricamente a ese sistema de imposición.
Los millones agrupaban contribuciones que habían tenido una larga evolución desde su establecimiento en época de los Austrias.
El fiel medidor estaba vinculado al control y medición de determinados productos sujetos a tributación.
Los servicios y otras rentas respondían a categorías fiscales con reglas propias.
No todos estos impuestos recaían de la misma manera sobre cada habitante.
Tampoco podemos calcular, a partir del documento publicado, cuánto pagaba una familia albercana.
Lo importante es que el pueblo tenía asignadas obligaciones dentro de un sistema fiscal que necesitaba recursos y esperaba cobrarlos.
La normativa de 1785 citada en el documento servía de marco para la revisión del encabezamiento.
La Alberca pretendía que la cantidad exigida se ajustara a su capacidad económica real.
Porque esa capacidad, según declaraban sus representantes, se había reducido gravemente.
El pueblo que había perdido sus medios de vida
La justificación de la petición no se limitaba a mencionar una epidemia.
El documento describía una crisis que afectaba simultáneamente a diferentes aspectos de la economía local.
Habían disminuido las cosechas.
Habían descendido las producciones.
Se habían reducido los tratos, el comercio y otras actividades económicas.
Y había disminuido el vecindario.
La combinación resulta especialmente significativa.
En una comunidad cuya economía dependía de múltiples trabajos y aprovechamientos, la pérdida de población y la enfermedad podían afectar a distintas actividades.
Una persona enferma podía dejar de trabajar.
Una familia con menos miembros podía encontrar dificultades para mantener sus labores.
Una cosecha reducida podía disminuir los recursos disponibles para el consumo, el intercambio o el pago de obligaciones.
No sabemos cómo se distribuyeron estos efectos entre las familias albercanas.
Tampoco conocemos la proporción exacta de la disminución de la producción.
Pero el concejo describía una crisis general de capacidad económica, no únicamente un problema sanitario aislado.
La enfermedad aparecía unida a la escasez.
La escasez, a la pérdida de actividad.
Y la pérdida de actividad, a la imposibilidad de sostener las cargas fiscales en las condiciones anteriores.
Esta relación constituye el centro de la petición de 1791.
¿Qué enfermedad sufrió La Alberca?
Aquí aparece una de las preguntas más importantes de toda la investigación.
El documento utiliza términos como enfermedades y peste.
Sin embargo, eso no permite identificar automáticamente una enfermedad concreta.
En el lenguaje histórico, la palabra peste podía emplearse para referirse a diferentes situaciones epidémicas, no necesariamente a la enfermedad que hoy identificamos específicamente como peste causada por Yersinia pestis.
José Luis Puerto, al estudiar el documento, contextualizó la crisis dentro de las enfermedades epidémicas que afectaron a España durante el siglo XVIII.
En aquella época existieron brotes de viruela, enfermedades febriles, infecciones intestinales y otras dolencias capaces de provocar una mortalidad considerable.
También hubo importantes crisis epidémicas durante las décadas finales del siglo.
Pero no contamos con una identificación médica documentada de la enfermedad que sufrió La Alberca.
No sería correcto atribuirla a la viruela, al tifus, a la gripe o a otra infección únicamente porque esas enfermedades circulasen por España.
Para aproximarnos al diagnóstico necesitaríamos documentación adicional: registros parroquiales de defunciones, descripciones de síntomas, informes médicos o correspondencia de las autoridades.
Incluso con esos testimonios, la identificación retrospectiva podría continuar siendo incierta.
La documentación que conocemos demuestra que hubo una crisis sanitaria grave.
No demuestra cuál fue su agente causante.
Tres años de enfermedad
El escrito municipal habla de un periodo de tres años.
Es uno de los datos más importantes y, al mismo tiempo, uno de los que requieren mayor prudencia.
La reunión se celebró en junio de 1791, pero no conocemos las fechas exactas de inicio y final de las enfermedades.
José Luis Puerto sitúa hipotéticamente la crisis dentro de los años anteriores, sin establecer una cronología cerrada.
Por tanto, no debemos convertir automáticamente esos tres años en un intervalo preciso.
Tampoco sabemos si se trató de una sola epidemia continuada, varios brotes sucesivos o una combinación de enfermedades y dificultades económicas.
El lenguaje del documento permite identificar un periodo prolongado de sufrimiento, pero no reconstruir por sí solo su evolución sanitaria.
Lo que sí resulta extraordinario es la duración que el propio concejo consideró necesario destacar.
No estaba describiendo únicamente unas semanas de enfermedad.
Estaba explicando que la comunidad llevaba tiempo padeciendo consecuencias graves.
Y que esas consecuencias seguían pesando sobre su economía en 1791.
Cuando faltaba la comida
El documento alcanza su mayor dureza cuando describe la falta de alimentos.
Las autoridades afirmaban que algunos habitantes habían muerto en circunstancias de necesidad y que el pueblo había llegado a solicitar ayuda al monarca.
No conocemos los nombres de aquellas personas.
Tampoco disponemos de una relación de fallecidos que permita determinar cuántas muertes se debieron directamente a la enfermedad, a la desnutrición o a otras causas.
El testimonio procede de una petición fiscal y debe leerse teniendo presente su finalidad: convencer a las autoridades de la gravedad de la situación.
Eso no significa que debamos descartarlo.
Significa que tenemos que comprender qué clase de documento estamos leyendo.
El concejo estaba presentando razones para solicitar una reducción de tributos.
Y entre esas razones mencionaba muertes, hambre, descenso de población y viviendas que habían quedado sin moradores.
La gravedad de las afirmaciones justifica una investigación específica en los registros demográficos y parroquiales.
Porque detrás de aquellas expresiones administrativas existieron, necesariamente, experiencias humanas concretas.
Personas enfermas.
Familias que perdieron miembros.
Trabajos que dejaron de realizarse.
Hogares cuya continuidad pudo quedar comprometida.
No podemos reconstruir esas vidas individualmente.
Pero tampoco debemos permitir que desaparezcan detrás de una enumeración de impuestos.
Dos auxilios de la Corona
La documentación recoge otro hecho relevante: La Alberca había solicitado socorro al rey y había recibido ayuda en dos ocasiones.
El texto relaciona esos auxilios con recursos administrados mediante el colector general de expolios y vacantes.
Los expolios y vacantes eclesiásticos formaban parte de un ámbito de recursos cuya administración histórica estuvo vinculada a la Corona y a las rentas procedentes de determinadas situaciones de las sedes episcopales.
La referencia resulta especialmente interesante porque muestra que la comunidad no solo intentó reducir sus obligaciones fiscales.
También recurrió a mecanismos extraordinarios de asistencia.
No sabemos qué cantidades recibió.
Tampoco conocemos las fechas de los dos auxilios ni cómo se distribuyeron entre los habitantes.
¿Se entregó dinero?
¿Se compraron alimentos?
¿Se atendió a determinadas familias?
¿Intervino el concejo en el reparto?
Son preguntas que el documento publicado no permite resolver.
Pero la existencia de dos ayudas constituye una pista documental importante.
Podrían existir expedientes, cuentas o comunicaciones relacionados con aquellas solicitudes.
Localizarlos permitiría reconstruir mejor la respuesta institucional a la crisis.
La paradoja de pedir ayuda y pagar tributos
La situación de La Alberca en 1791 encierra una contradicción que hace especialmente interesante este episodio.
Por un lado, el pueblo había recibido auxilios extraordinarios ante su situación de necesidad.
Por otro, seguía obligado a negociar sus contribuciones fiscales.
Ambas circunstancias no eran necesariamente incompatibles dentro de las instituciones de la época.
La asistencia y la recaudación respondían a procedimientos y administraciones que podían ser diferentes.
Pero para la comunidad suponían una realidad difícil: necesitaba ayuda para superar la crisis y, al mismo tiempo, debía justificar que sus recursos ya no permitían mantener las obligaciones anteriores.
La reunión del 5 de junio fue una respuesta a ese problema.
Los representantes no recibieron el encargo de pedir una exención universal y permanente de cualquier impuesto.
Recibieron poderes para negociar un nuevo encabezamiento.
La distinción importa.
La Alberca no estaba declarando formalmente que dejaba de reconocer las obligaciones de la Hacienda real.
Intentaba que se revisara la cantidad exigida.
Es una forma de resistencia administrativa basada en la negociación y en la exposición de circunstancias extraordinarias.
Y nos muestra un concejo que, aun debilitado por la crisis, continuaba actuando como institución de representación y gestión de los intereses locales.
Los nombres detrás del documento
La escritura de 1791 tiene otra virtud: conserva nombres.
Los de los alcaldes, regidores y otros responsables municipales.
Los de los representantes elegidos para negociar.
Y, según la investigación de José Luis Puerto, los de los dieciocho vecinos que asistieron a la reunión.
Esos nombres abren posibilidades de investigación que van mucho más allá de la fiscalidad.
Podrían contrastarse con los libros parroquiales, protocolos notariales y otros documentos municipales.
Tal vez permitan reconstruir familias, actividades económicas, patrimonios o trayectorias personales.
También sería interesante conocer cómo se seleccionaron los representantes y qué relación tenían con las autoridades locales.
Pero no debemos atribuirles profesiones, posiciones sociales ni motivaciones que no estén documentadas.
Por ahora, lo que sabemos es que tres albercanos recibieron un mandato concreto para negociar en nombre de la comunidad.
Joseph de los Hoyos, Juan del Puerto y Juan Antonio Pies no aparecen aquí como protagonistas de una leyenda.
Aparecen en un acto administrativo.
Y precisamente por eso resultan históricamente interesantes.
Sus nombres quedaron asociados a un intento de aliviar las obligaciones económicas de un pueblo que atravesaba una crisis.
¿Cuántas personas murieron?
Es una de las preguntas que el documento deja sin respuesta.
La escritura habla de disminución del vecindario y de numerosas muertes, pero no ofrece una estadística completa.
No podemos convertir expresiones como «muchas casas» o «gran número» en cifras.
Tampoco sería correcto calcular un porcentaje de mortalidad sin conocer la población anterior y posterior a la crisis mediante fuentes comparables.
Para avanzar sería necesario estudiar los libros de defunciones de la parroquia y, si existen, padrones o recuentos próximos a aquellos años.
Un análisis demográfico podría permitir comprobar si se produjo un incremento extraordinario de enterramientos y durante qué meses o años.
También ayudaría a distinguir entre mortalidad, emigración y otros factores que pudieran explicar la disminución del vecindario.
Sin esa comprobación, conocemos la gravedad declarada de la crisis, pero no su magnitud estadística.
Esta diferencia no debilita la investigación.
La orienta.
Nos dice exactamente qué documentos necesitamos buscar para continuarla.
La Alberca que no aparece en las fotografías
Hoy conocemos La Alberca por sus calles, su arquitectura tradicional, sus celebraciones y su patrimonio.
Pero la imagen de un pueblo histórico bien conservado puede ocultar las dificultades que atravesaron sus habitantes.
Las casas que admiramos como parte de un conjunto urbano fueron, antes que patrimonio, lugares donde se vivía.
Donde se trabajaba, se almacenaban productos, se cuidaba a familiares y se afrontaban enfermedades.
El documento de 1791 obliga a contemplar esa realidad desde otra perspectiva.
Habla de viviendas que habían quedado cerradas.
De una comunidad con menos habitantes.
De una economía debilitada.
Y de autoridades que necesitaban convencer a una administración fiscal de que el pueblo ya no podía contribuir como antes.
No tenemos que imaginar escenas de calles vacías ni inventar una epidemia que recorriera casa por casa.
Basta con comprender lo que las autoridades decidieron dejar por escrito.
Aquel documento no se redactó para conmover a lectores del futuro.
Se redactó para negociar impuestos.
Y, sin embargo, más de dos siglos después, permite recuperar una parte de la experiencia humana de La Alberca.
¿Consiguió el pueblo la rebaja?
No lo sabemos.
El documento de 5 de junio de 1791 acredita la reunión y el otorgamiento de poderes para negociar.
No demuestra que la Hacienda aceptara la propuesta.
Tampoco conocemos el importe finalmente acordado.
Para resolverlo habría que localizar la escritura posterior de encabezamiento, las cuentas fiscales o la correspondencia administrativa correspondiente.
La búsqueda debería extenderse tanto a la documentación local como a los fondos relacionados con las rentas de Plasencia.
La respuesta importa porque permitiría cerrar el recorrido iniciado en aquella reunión.
Sabemos por qué querían negociar.
Sabemos quiénes recibieron el encargo.
Sabemos ante qué administración debían hacerlo.
Pero todavía no conocemos el resultado.
Es el capítulo que falta.
Lo que permanece después de la enfermedad
La historia de La Alberca en 1791 no termina con una victoria ni con una derrota conocida.
Termina, por ahora, con un documento.
Un pueblo había sufrido durante años una crisis sanitaria y económica.
Había perdido habitantes.
Había solicitado ayuda extraordinaria y, según su propio testimonio, la había recibido dos veces.
Sus autoridades consideraban que la disminución de la actividad económica hacía necesario revisar las contribuciones exigidas.
Y el 5 de junio decidieron actuar.
Lo extraordinario de aquella reunión no es únicamente que nos permita conocer una crisis olvidada.
Es que revela cómo una comunidad intentó responder institucionalmente a una situación que superaba sus recursos.
La enfermedad había afectado a las personas.
La mortalidad había afectado a las familias.
La escasez había afectado a la economía.
Y todas esas consecuencias terminaron llegando a una escritura notarial destinada a negociar impuestos.
Hay algo profundamente humano en esa secuencia.
Después de la enfermedad, después del hambre y después de las muertes, todavía quedaban obligaciones por cumplir.
La Alberca tuvo que explicar cuánto había perdido para intentar que le exigieran menos.
Y gracias a aquella necesidad administrativa, hoy podemos escuchar una parte de su historia que de otro modo quizá habría permanecido olvidada.
Fuentes y documentación
Documento histórico principal
Archivo Histórico Provincial de Salamanca.
Protocolos notariales correspondientes a La Alberca.
Escritura de 5 de junio de 1791 relativa al otorgamiento de poderes para negociar un nuevo encabezamiento de las rentas reales.
El documento fue localizado, estudiado y divulgado por José Luis Puerto. La signatura archivística específica y el protocolo notarial deben comprobarse mediante consulta del archivo.
Investigación de referencia
José Luis Puerto (2022).
La Alberca y las epidemias a finales del siglo XVIII.
Publicado en el programa de las fiestas patronales de La Alberca de 2022, páginas 5-8.
El estudio reproduce fragmentos del documento de 1791, identifica a las autoridades y representantes, y examina la crisis sanitaria y económica que describe.
Consultar la publicación original del Ayuntamiento de La Alberca
Contexto histórico y sanitario
Gerard Jori (2012).
Salud pública e higiene urbana en España durante el siglo XVIII. Una perspectiva geográfica.
Universitat de Barcelona.
Obra utilizada por José Luis Puerto para contextualizar las enfermedades y las crisis de mortalidad en la España del siglo XVIII.
Documentación pendiente de investigar
- Libros parroquiales de defunciones y enterramientos de los años próximos a 1791.
- Padrones y recuentos de población.
- Protocolos notariales posteriores a la reunión del 5 de junio.
- Documentación fiscal relativa al encabezamiento negociado con Plasencia.
- Expedientes relacionados con los dos auxilios concedidos al pueblo.
- Cuentas y acuerdos municipales que permitan reconstruir las consecuencias de la crisis.
Alcance de la investigación
Este artículo es una reconstrucción narrativa original basada principalmente en el estudio documental publicado por José Luis Puerto en 2022.
No se ha consultado directamente la escritura original de 1791.
Se consideran documentados, a través de la transcripción y el análisis publicados, la reunión del 5 de junio, sus participantes principales, el otorgamiento de poderes, la finalidad fiscal de la negociación y las circunstancias de crisis descritas por el concejo.
Permanecen sin determinar:
- La enfermedad o enfermedades concretas.
- La cronología exacta de los brotes.
- El número de fallecidos.
- La magnitud de la pérdida demográfica.
- Los importes de los auxilios reales.
- El resultado de la negociación fiscal.
- La identidad de las familias afectadas.
Las afirmaciones del documento sobre mortalidad y escasez se interpretan como testimonios históricos de las autoridades locales, no como estadísticas independientes verificadas.
La investigación podrá ampliarse cuando se consulten las fuentes originales y la documentación demográfica y fiscal complementaria.